PARA LXS POBRES Y EXCLUÍDXS, MULTIPLICAOS PANES Y PECES!!! NO, MEJOR MULTIPLICAOS JUICIOS!
Como muchos saben, desde hace 10 años aproximadamente el equipo jurídico de vivienda de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) está defendiendo en un proceso de desalojo de un edificio en Parque Patricios, Ciudad de Buenos Aires, a ciento seis (106) familias. Una población de trescientas cincuenta (350) personas aproximadamente, incluidos ciento treinta y un (131) niñas, niños y adolescentes.
El conflicto presentado en Santa Cruz 140 es una expresión de la inmensa problemática de vivienda digna que padecemos todxs en la Ciudad: estamos afectadxs por la voracidad rentística del negocio y desarrollo inmobiliario al que el Estado Nacional y el de la Ciudad promueven e impulsan.
Hemos dado -y lo seguimos haciendo- una batalla sin cuartel en defensa del derecho a la vivienda de estas familias. Señalamos que todas estas personas tienen dificultades serias para acceder a una vivienda digna porque son personas pobres, trabajadoras que no nacieron con herencias ni un techo propio. Mientras estas 106 familias cada día se despiertan y acuestan pensando que pronto llegará la última noche de vivir en su hogar, aumenta el porcentaje de viviendas ociosas, abandonadas o cerradas esperando que aumenten las ganancias que podrían dejar esos terrenos a sus propietarios.
En esta cruzada por la justicia social que hemos emprendido no faltó la solidaridad de distintos espacios en las presentaciones de notas, reclamos, solicitudes de entrevistas, audiencias y movilizaciones ante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Legislatura de la Ciudad, Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Defensoría de Menores de Nación, Asesoría Tutelar, entre otros. Construimos lazos y vínculos de solidaridad, de hermandad, compañerismo con múltiples organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas, rompimos el cerco de silencio gracias a los medios de comunicación alternativos, populares y algunos de los grandes medios a los que pudimos llegar.
En la última audiencia judicial del 4 de junio, el Juez Nacional resolvió que el Defensor del Pueblo allí presente coordine una mesa de Mediación con los funcionarios del Gobierno de la Ciudad competentes, para resolver el problema habitacional de las familias. El principal escollo de las tratativas consistió que el Gobierno de Rodríguez Larreta quiere asistir con montos miserables a través de unos subsidios de emergencia que tienen efecto anestesiante frente a la violencia y dolor que provoca un desalojo. Jamás propusieron alguna medida para resolver el problema de fondo. Las monedas que el GCBA ofrece a nuestros defendidos representan en sí un peligro concreto de volver a estar en la calle ante la imposibilidad de acceder por sus propios recursos a la vivienda definitiva. El Juez Nacional finalmente ordenó ejecutar el lanzamiento, que es en definitiva la última etapa correspondiente a la materialización de la medida de desalojo y en consecuencia, el despojo de sus actuales viviendas, espacios de familias, de personas a las que se les quieren desconocer esa categoría, hogares de niñes, historias de vidas, espacios de amor, de amistad, de vínculos vecinales, de disputas, de crecimiento, de solidaridad, de afectos, de goce, etc. que nuestrxs compañerxs se pudieron proveer por sí para desarrollarse con sus proyectos personales, familiares y comunitarios.
Las familias, sus delegadxs, la Cooperativa de Vivienda “Papa Francisco” que conformaron y nosotrxs como abogadas y abogados de La Liga junto a las organizaciones como CIBA y compañeras técnicas profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA-UBANEX) siempre estuvimos dispuestos a ser parte de la construcción de esa solución definitiva colectiva y/o mancomunada de vivienda porque entendemos que los derechos reconocidos por todo nuestro plexo normativo deben ser garantizados en su goce y ejercicio plenos fundamentalmente por el Estado.
El Juez Nacional nos dice que dentro de sus facultades hizo lo que estuvo a su alcance a lo largo de todo el proceso judicial para resolver esta problemática. Lo que el Juez no entiende es la gravedad concreta que tiene esta decisión sobre la vida de estas más de 450 personas y en general de toda la Ciudad de Buenos Aires. Todo resulta insuficiente cuando el destino se representa en la calle. El Juez Nacional sostiene que no tiene facultades para obligar al Gobierno de la Ciudad y a sus funcionarios a cumplir con su deber. Nosotrxs consideramos que estos funcionarios llevaron adelante un comportamiento manifiesto, consciente y sistemático de omisiones e incumplimientos de sus obligaciones y de las normas que reconocen el derecho a la vivienda digna. Ese problema de jurisdicciones entre los ámbitos Nacional y Local parecen no ser obstáculos para articular la represión y la violencia institucional que representa un desalojo de estas dimensiones. ¿Qué entiende una niña, un niño de jurisdicciones? ¿Qué puede comprender una joven que estudia y hace esfuerzos por progresar y que pronto puede perder su casa? Una mujer, una madre, un trabajador ¿Qué les importa las jurisdicciones y que por ello pueden ser despojados de sus hogares?
Como las reuniones de Mediación en la Defensoría del Pueblo que se desarrollaron durante sesenta días (junio y julio) no llegaron a ningún acuerdo por falta de voluntad política del Gobierno de Rodriguez Larreta, solicitamos en sintonía con la Defensoría del Pueblo -que elaboró un dictamen favorable a la petición de lxs vecinxs- la suspensión del lanzamiento y continuidad de ese espacio de tratativas. No solo el Juez Nacional no suspendió el desalojo sino que ahora sabemos que se materializará los días 18,19 y 20 de septiembre de 2019.
Reclamamos, intimamos y recibimos silencio, indiferencia, además de una resolución del IVC diciendo que no cuentan con partidas presupuestarias. Así responde el Gobierno de la ciudad más rica del país.
Junto a lxs vecinxs organizadxs seguimos luchando: realizamos Asambleas públicas, festivales culturales, convocamos a un Foro por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad donde participaron muchísimas personalidades y organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, académicas para solidarizarse con nuestra lucha. Agradecemos a todas ellas, excede este espacio para nombrar a todxs lxs que ayudaron en este camino.
En el Foro anunciamos que como parte de este proceso de lucha presentaríamos UNA (1) ACCIÓN DE AMPARO CONTRA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por el derecho a la vivienda, juntamente con medidas cautelares. Las familias habían ido a la sede de La Liga a firmar el amparo. Son aproximadamente 100 familias las que firmaron. Una acción de estas características es de una modalidad de acción de amparo de incidencia colectiva, que presentamos el 3 de septiembre, mientras despedíamos a nuestra Presidenta Graciela Rosenblum. El 5 de septiembre fuimos al Juzgado a presentar la prueba documental y para nuestra sorpresa nos atendió personalmente el Juez Local (en lo Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad) y nos notifica de su primera resolución. Algunos de sus puntos fueron: que corre vista al Ministerio Público Fiscal y Tutelar de inmediato y que nosotrxs debemos notificar al Gobierno de la Ciudad. Pero no suspende el lanzamiento. Este punto no nos causó mayor sorpresa, era algo previsto y hablado con lxs compañerxs: un Juez no va ir contra la sentencia de otro juez. Pero la sorpresa fue que en razón de la situación socio-económica de cada familia -sus ingresos y conformación-, a esta Acción de Amparo el JUEZ LOCAL ordenó “…el desdoblamiento de las demandas por cada grupo familiar involucrado, a las cuales se les asignará sus caratulas y números respectivos encabezadas por cada grupo familiar, las cuales tramitarán de modo independiente ante este tribunal y secretaría…” ¿Cómo se traduce esto? De una (1) Acción de Amparo, se multiplica a cien (100) Acciones de Amparos, de un (1) juicio a cien (100) juicios, un proceso judicial por cada familia, copias de documentación por cien (100), confecciones de cédulas de notificaciones por cien (100), sostenimiento y seguimiento en el control de expedientes por cien (100). Todo multiplicado por cien. Un verdadero obstáculo para el ejercicio del derecho de Acceso a la Justicia para personas en contexto de vulnerabilidad, contrario a principios de celeridad y economía procesal, por ejemplo. ¿Es funcional a quién?
Entre tanta desesperanza quería destacar y agradecer a mis compas de la Liga Héctor Trajtemberg, Andrea Mayola, Agustina Chmaruk, Federico Ovejero, Luana, Dalila Coronel Herrera, Roxana Otero y otrxs compas más, que no solo elaboramos colectivamente la Acción de Amparo sino que, durante el último finde, entre todxs (y mientras yo además estaba entre tortas y velitas) nos pusimos al hombro impugnar lo que pensamos que es una decisión arbitraria. Trabajamos en el Recurso de Apelación y fue firmado por todxs los amparistas del edificio Santa Cruz, colaborando e involucrándose. El lunes por la noche fuimos al edificio explicando la situación procesal y hasta la 01.00 hs estuvimos firmando el recurso a interponer. El martes 10 a la mañana, finalmente fue presentado en tiempo y forma ante el Señor Juez (local). Nos fue concedido el recurso y ya se elevó a la Cámara de Apelaciones, veremos qué se decide. En tanto, la Defensora de Menores de Nación junto con el Programa de DESC de la Defensoria General de la Nación (DGN) hizo una presentación como un intento más de suspender esta injusta y cruel medida, pero fue desestimada por el Juez (Nacional).
Mientras, las familias del edificio seguirán defendiendo su vivienda juntamente con la solidaridad de las compañeras y compañeros, de las organizaciones populares, entidades, asociaciones, del movimiento cooperativo, de barrios de populares, de villas e inquilinos, entre otros. UNA VEZ MAS SOSTENGO QUE PARA LOS POBRES Y EXCLUIDOS, EL ESTADO NO ESTÁ AUSENTE!! LO VEN ACÁ: MULITIPLICA LOS JUICIOS!! También y fundamentalmente, intenta romper con toda la organización y vínculos construidos por los habitantes del edificio, su entramado social y construcción de redes de solidaridad que nos permitieron sostener nuestra defensa a lo largo de diez años y afrontar esta etapa crítica que no es ajena a los planes económicos de ajuste y proceso de regresión y despojo de derechos. Escribo estas lineas, mientras la Cámara de Diputados votó la Ley de Emergencia Alimentaria en el país.
Todos los derechos humanos para todxs!! Mientras se desaloje en estas condiciones a personas y familias también se viola el Estado de Derecho.
La vivienda es un derecho humano, no un negocio!
Dra. Rosa HERRERA
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