LA PRISIÓN PREVENTIVA DEBE SER APLICADA DE MANERA EXCEPCIONAL Y EXCLUSIVAMENTE EN CASOS DE DELITOS GRAVES Y TODA PERSONA DETENIDA DEBE SER TRATADAS HUMANAMENTE.
Hoy es noticia el reclamo de 22 personas detenidas en el Anexo a la Comisaría Vecinal 3-A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (ubicado donde estaba la antigua 5ª de la PFA), que se encontraban en condiciones inhumanas y reclamaban ser trasladados a lugares donde pudieran contar con un mínimo de dignidad.
Comenzaremos por explicar brevemente la situación. Tras el traslado de la mayor parte de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño decidió concentrar los detenidos en unos pocos lugares, que pasó a llamar Alcadías y que las restantes dependencias no se alojara a ningún detenido.
Estas alcaidías tampoco estaban previstas para alojamientos de larga duración. En abril de 2020, la Sección Coordinación Alcaidías Comunales y Traslados de Detenidos de la Policía porteña sostenía que las Alcaidías carecían de elementos tan necesarios como patios de recreo y baños con duchas y que todo ello “… vuelve imposible la detención de las personas por un tiempo superior a 72 hs. en las Alcaidías de la Ciudad.” En ese momento la capacidad de las alcaidías no se había colmado todavía, pero las personas detenidas ya relataban problemas, por ejemplo, con la alimentación.
Con el paso de los meses, algunas alcaidías mejoraron sus capacidades, incluyendo la posibilidad de higiene personal (como poco antes de la pandemia ocurriera con la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, debajo de los tribunales de Comodoro Py 2002, que debido a la sobrepoblación se había transformado en lugar de pernocte).
Pero las Comisarías Vecinales comenzaron a llenarse de personas detenidas. Y en esas comisarías los detenidos denunciaron repetidamente verse obligados a dormir en el piso, o sin ropa de cama sobre el concreto, la necesidad de traslados para poder higienizarse, la imposición de horarios de visitas mínimos y una sola vez a la semana. El hacinamiento llega a tal punto que en alguna ocasión los detenidos eran alternados entre un camión de traslado y las celdas para que tuvieran más espacio.
No es posible sorprenderse entonces cuando un grupo de personas detenidas reclama ser tratado con alguna dignidad.
Ante el reclamo de ayer, el Ministro porteño D’Alessandro cargó las tintas exclusivamente contra el gobierno nacional que habría cortado el ingreso de los detenidos al Servicio Penitenciario Federal y dijo que al 20 de marzo de 2020 había 61 detenidos en las alcaidías y ninguno en las comisarías, mientras que hoy entre ambas tienen 802 personas detenidas, con una superpoblación que estimó en 130%.
Si bien es cierto que en un primer momento se cerró el ingreso a los establecimientos carcelarios del SPF, con el paso de los meses esas restricciones fueron disminuyendo. Por otra parte, no hay ninguna excusa para el mantenimiento de las personas detenidas en condiciones inhumanas. Si el Gobierno de la Ciudad no puede garantizar comida y alojamiento digno para las personas detenidas, deberá realizar las acciones necesarias para que esas personas sean liberadas, eventualmente imponiéndoles alguna restricción menos grave.
Pero se produjo otro factor que generó un enorme aumento de personas detenidas y llevó a la inhumana situación que hoy sufren las personas privadas de libertad por orden de jueces del fuero criminal y correccional nacional: muchos jueces (y fiscales) consideran, en contra de todo principio constitucional, que las personas con antecedentes condenatorios deben permanecer privadas de su libertad hasta el momento de ser juzgadas. Y por ello niegan las excarcelaciones de personas acusadas de delitos tan leves como hurtos (incluso tentados) o robos sin violencia contra las personas.
No es posible entonces discutir sobre la sobrepoblación de personas detenidas sin tener en cuenta esta masiva violación a la garantía de inocencia, perpetrada en general contra personal de la condición más humilde, en muchos casos desocupadas y en situación de calle.
Por eso reclamamos a los órganos estatales porteños y nacionales (no sólo a los poderes ejecutivos, sino también a los poderes judiciales) que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas acusadas de delitos (y, por supuesto, de las personas condenadas, que también en algunos casos permanecen en sedes policiales). Y esto significa que tanto el Estado porteño como el nacional deben garantizar (por las vías correspondientes) que la prisión preventiva sea realmente excepcional y que toda persona privada de su libertad tenga un alojamiento digno, con cama, comida, higiene y sin hacinamiento.
Siempre defendiendo delincuentes Uds.