LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS DICTADAS POR EL FMI

Mientras en numerosos y masivos actos, el pueblo argentino repudiaba un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo con la República Argentina. Dicho acuerdo fue impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, aprobado por una amplia mayoría del Poder Legislativo y tuvo el silencio cómplice del Poder Judicial, a pesar de que se trata de una consecuencia directa del acto delictivo previamente convenido por el mismo FMI con Macri y sus secuaces, cuyos efectos ratifica y profundiza. En dicho acuerdo se acepta el clásico sistema de metas económicas, con controles periódicos del FMI y la obligación de consultarle a dicho organismo acerca de temas tan importantes como el sistema previsional y las tarifas. En otras palabras, una sesión de gran parte de nuestra soberanía, que se diluye en un cogobierno con el FMI. Esta última convalidación parlamentaria de la deuda contraída ilegalmente bajo el gobierno de Macri es un ataque directo a la vigencia de los derechos humanos, en su interpretación integral e indivisible, por una infinidad de motivos que pasaremos a precisar. Como plantea reiteradas veces nuestro compañero Eduardo Barcesat, argumentos jurídicos internacionales para declarar la nulidad de ese endeudamiento. Debemos recordar que este acuerdo se propone consolidar un modelo de país basado en la concentración de la riqueza, en la extranjerización de la misma y en un pueblo cada vez más pobre. Quedó demostrado que la toma de deuda con el FMI tuvo como orientación la fuga de capitales -que hoy está siendo investigada- como medio de obtención de renta financiera y de sometimiento ante la voluntad de conducir a nuestro país en un sentido soberano. Si bien la profundización de la desigualdad económica encierra en sí misma una violación de la garantía de igualdad en todos los demás planos (político, educativo, social, cultural, de la salud, etc.), no acaban aquí las consecuencias para los Derechos Humanos. También aumenta la conflictividad frente a la desposesión y, con ella, la represión policial, como ya hemos visto estos días con la policía de Larreta. Pero además, el cogobierno con el FMI implica de manera necesaria la violación del derecho a la autodeterminación del pueblo argentino, ya que dicho derecho es sometido a la voluntad superior de un organismo internacional de crédito. En consecuencia, gran parte de las cláusulas del acuerdo son en sí mismas violatorias de los Derechos Humanos por limitar nuestra soberanía y nuestro derecho a la libre autodeterminación. El FMI no ha cambiado. Sus prácticas son las mismas que repetidamente llevaron a nuestro país a la pobreza y al sometimiento externo. Para evitar sus consecuencias funestas no alcanza con repetir como un mantra que no se le pagará con el hambre de nuestro pueblo. Especialmente cuando los índices de pobreza ya son calamitosos, como consecuencia de los cuatro años de subordinación colonial del gobierno de Macri y los años de pandemia. No es posible olvidar la existencia de unos 16 millones de argentinos que carecen de una vivienda digna. Las actuales mediciones de la pobreza, ya sea desde la perspectiva de los ingresos o desde las necesidades básicas insatisfechas, son incompatibles con la idea misma de la democracia: especialmente cuando al menos la mitad de la población está por debajo de dichos parámetros. Los derechos humanos no se garantizan con declaraciones, sino a través de políticas concretas del Estado. Y toda política estatal que garantice derechos -como la construcción de viviendas, atención de salud para toda la población, protección de víctimas de violencia de género, ayudas urgentes a las personas más vulnerables, aumento salarial, etc.- implica voluntad política, presupuesto y puesta en práctica. La discusión respecto de los fondos y de cómo se va a distribuir el presupuesto es central, ya que el FMI pretende imponer sus criterios de limitar los gastos para garantizar el cobro de sus acreencias, que corresponden al dinero fugado por sus cómplices. Por todo esto, rechazamos tajantemente el acuerdo con el FMI y la legitimación institucional de la deuda externa. Consideramos que esta estafa macrista debe ser revisada y echada por tierra, para construir un camino soberano e independiente para nuestro pueblo.