SOBRE LA CONTINUIDAD DEL JUZGAMIENTO DEL GENOCIDIO ANTE LA PANDEMIA El proceso de memoria verdad y justicia sufrió muchos avatares en los últimos tiempos. Los años anteriores, signados por una ofensiva negacionista encabezada por el gobierno macrista, los retrocesos en materia de políticas estatales, la ofensiva conservadora del Poder Judicial, entre otros aspectos, impactaron profundamente en el actual ciclo de juzgamiento.
La pandemia nos pone ahora ante nuevos desafíos.
La impunidad biológica – tardío efecto de las leyes de impunidad y los indultos– no nos permite “pausar” los juicios a la espera de condiciones óptimas para su realización. Somos conscientes que el paso del tiempo también afecta a nuestros y nuestras compañeras. El tiempo y la necesidad de reparar el daño en el proceso de verdad y justicia causado en los últimos años nos urgen.
La tragedia humanitaria de esta etapa nos pone ante el desafío de conjugar esas urgencias con la necesidad de sostener el proceso de juzgamiento en las mejores condiciones posibles, garantizándose el carácter público y la repercusión social de los juicios. No podemos, ni queremos, renunciar al profundo rol reparador del proceso de justicia ni a la disputa por el sentido del pasado y el presente que implican los juicios. Somos conscientes que en el modo en que se desarrollen los juicios en este contexto de pandemia se juegan, en buena medida, la publicidad de los mismos, el derecho de las víctimas a que se conozca su verdad y el de todo el pueblo a conocer qué pasó en los más de quinientos centros clandestinos que poblaron nuestro país.
El proceso de juzgamiento de ninguna manera está agotado o pronto a finalizar
Aún tramitan en los juzgados del país numerosas causas en instrucción que no solo pueden ser impulsadas, sino que también resulta posible adecuar las investigaciones para que reflejen la verdadera dimensión de los delitos cometidos a través de la acusación por el delito de genocidio. Por eso es inadmisible que la Corte Suprema de Justicia no haya habilitado la feria extraordinaria judicial para continuar con las causas de lesa humanidad.
Queda pendiente la investigación y juzgamiento de muchos de los responsables del Genocidio: el poder económico, la Iglesia, la burocracia sindical, las responsabilidades de los gobiernos imperialistas de los Estados Unidos, europeos e israelí. Desde la Liga hemos sido parte del juzgamiento de sacerdotes, jueces y grupos parapoliciales; intentaremos aportar en las causas vinculadas a Acindar, Ford, Astilleros Río Santiago, Frigorífico Swift, Propulsora Siderúrgica, entre otras.
Es necesario reactivar los equipos de investigación sobre el accionar del poder económico en la dictadura y la comisión bicameral de delitos económicos.
Los jueces tienen muchas respuestas para dar, aún en el marco de la “feria extraordinaria”
No podemos admitir que los jueces se escuden en la pandemia para no cumplir con las obligaciones de su cargo largamente pendientes.
Es el momento para que los jueces de Casación y la Corte den firmeza a las sentencias que logramos como pueblo. Porque de qué sirve el reinicio de los juicios si luego las sentencias obtenidas duermen el sueño de los justos en los cajones de la justicia. Casos escandalosos, como el de Circuito Camps y La Cacha, que se encuentran en Casación desde el año 2012 y 2014 respectivamente.
Los juicios orales que están pendientes y los que se rigen por el viejo CPMP también plantean nuevos desafíos
En un contexto que obliga a cuidar la salud de todos y todas mediante el aislamiento preventivo, resulta un desafío pensar en la continuidad de los procesos orales y mas aun los que tramitan como proceso escrito -CPMP-, en lo que no puede haber excusa. Decíamos antes que No podemos, ni queremos, renunciar al profundo rol reparador del proceso de justicia ni a la disputa por el sentido del pasado y el presente que implican los juicios.
Por eso sostenemos que como querellantes, debemos articular en cada jurisdicción y en cada juicio con el movimiento popular que sostiene el reclamo de justicia, a fin de evaluar las estrategias más adecuadas para llevar al terreno judicial, escuchando especialmente a quienes deben poner el cuerpo en estos momentos, que son las personas que brindan su testimonio.
No debemos permitir que aprovechando la excepcionalidad que genera la pandemia, jueces que desde hace años pretendían hacer juicios por videoconferencia, sin público, sin imputados presentes encuentren el terreno propicio para llevarlos adelante de esa forma; o que tomen decisiones permanentes sin atender a las sucesivas etapas que seguramente tendrá el aislamiento social –que a su vez, será distinto en cada lugar del país-.
Sostenemos que en los casos donde lo adecuado sea continuar los procesos o iniciarlos, en la etapa testimonial debe permitirse que las personas testimoniantes que fueron víctimas, dada la especial característica del crimen que las afectó de manera directa, puedan optar por un mecanismo presencial, con un tribunal constituido y procurando salas de audiencias que por sus características permitan público respetando medidas sanitarias que resulten de aplicación en las diferentes jurisdicciones, aun cuando ello implique retrasarlos en el tiempo.
Y finalmente, sostenemos que los juicios orales y los que tramitan por el CPMP deben ser públicos. Proponemos entonces la televisación de los mismos por el sistema público de televisión. Aquello que no pudo lograrse con el Juicio a las Juntas, que hoy la pandemia lo haga posible: que la voz de los sobrevivientes del genocidio y los familiares de nuestras y nuestros desaparecidos se escuche en todo el país.
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